SINDEcoro, SINDEcencia, SINDEbate, SINDErecho, SINDEmocracia. NO A LA LEY BIDEN-SINDE

24/01/2011 – 22:10h

El nuevo texto supone un intrincado andamiaje legal para apuntalar que La propiedad intelectual está por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que ni siquiera es un juez quien va a evaluar si esta es violada o no [1]. La voluntad de PSOE, CiU y PP no solo es protejer los intereses de la industria de entretenimiento -mayormente norteamericana- por encima de los derechos humanos según lo expresado por la ONU [2] si no, sobre todo, asegurar que su poder seguirá prevalenciendo sobre los propios ciudadanos evitando que Internet ejerza de aglutinador del advenimiento de una democracia más directa, de mayor calidad y que propicie una mayor justicia social y poder de decisión de la ciudadanía.

El voto en el senado es dentro de un mes. Tenemos un mes para hacerles saber que se han equivocado y para que rectifiquen. Una ley que no es más que censura y control, que no protege a los artistas ni a los emprendedores, que criminaliza el progreso. La ley de la prepotencia y del miedo. Los senadores se votan por listas abiertas. No votaremos a los que han dado las espaldas a los ciudadanos, más preocupados por unos intereses que nada tienen que ver con la representación democrática ni con los derechos de los autores y de la sociedad civil.

Los partidos se volcarán en la red para las elecciones. Allí los esperamos los ciudadanos.

http://Red-SOStenible.net

contacto: 639025865

[1]Por citar cosas concretas del texto:

– Se persiguen «los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial»

La expresión «ser susceptible» es tan amplia que cabe google, webs con software p2p y por supuesto con la intención de criminalizar el hecho de «enlazar», o sea Internet en sí mismo. Si se persiguiera lo que es susceptible de atacar la integridad física prohibiríamos los cuchillos.

– Se usa el término «autorización judicial» cuando la constitución exige «Resolucíon judicial».
[2]. http://red-sostenible.net/images/0/0e/ONU_DERECHOS_LPI.pdf

Original en Red S@Stenible