Cuando a comienzos del pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros, el ya famoso Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que incorpora diferentes medidas «antipiratería» como el cierre de webs sin mediar una orden judicial, miles de voces se alzaron en la blogosfera para denunciar que se estaba vulnerando los derechos fundamentales de libertad de expresion. La primera gran respuesta llegó en forma de un manifiesto que contó con un apoyo masivo.Luego vino la llamada de la ministra González-Sinde a los principales firmantes del texto para tratar de apaciguar los ánimos en una desilusionante reunión en el Ministerio de Cultura que no contentó a nadie. Después, movilizaciones ciudadanas, difusas palabras del presidente Zapatero en las que contradecía la opinión de la ministra y nuevas reuniones de internautas con grupos políticos. En definitiva, mucho ruído y pocas nueces porque al final, la ley seguía su curso.Ha tenido que venir el Consejo Fiscal a parar la bola de nieve y criticar la «Ley Sinde» desde la raiz, argumentando que la propiedad intelectual no se puede equiparar con los derechos fundamentales. El informe emitido por la Fiscalía ha sido recibido como agua de mayo en la red. Para Enrique Dans, este informe «deja claras las incoherencias derivadas de pretender enrocarse en el error, y pide a gritos la eliminación de la disposición, y el planteamiento de un verdadero y legítimo debate sobre la reforma de la propiedad intelectual». Íñigo Sáenz de Ugarte, por su parte, habla de un suspenso jurídico a Moncloa que debería hacer reflexionar a Zapatero sobre los intereses que realmente quiere defender cuándo se habla de propiedad intelectual.
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