Con la llegada del 15 M se ha producido un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Miles de personas que vivían adormecidas el “estado del bienestar” han despertado descubriendo que los gestores de bienes comunes a la sociedad los destruían para rapiña propia y de los poderes fácticos.
Este cambio en las conciencias ha generado un proceso de búsqueda y cambio de todo lo que conocíamos al tiempo que se han iniciado procesos de ruptura en los equilibrios del sistema que en su conjunto se pueden ver tanto como crisis como oportunidad para el cambio económico, político y social.
Aunque podemos ver ya cambios palpables en la superestructura política tras las recientes elecciones generales estos aún no reflejan la voluntad social porque los mecanismos de participación políticas y las propias organizaciones no han cambiado. El bien común sigue en manos ajenas sobre las que carecemos de cualquier control.
Las experiencias e intentonas de confluencia han manifestado tanto en las municipales como en el periodo previo a las generales y después de ellas que la voluntad de la sociedad por decidir en el bien común sigue viva pero no consigue realizarse. La confluencia con participación social en su gestación y control político tras ella podría materializar esta voluntad.
Podemos concluir que el bien común no podrá realizarse si la sociedad carece de organizaciones con las que empoderarse y manifestar la voluntad general precisa para llevarlo a cabo. Las actuales organizaciones políticas han demostrado sobradamente no preocuparse del bien común mas que para parasitar su pedazo del pastel y su uso mediático para captar el voto que como antes sigue sin contrato social ni garantías de ningún tipo.
La cuestión está en como conseguimos este tipo de organizaciones y como hacemos para que sirvan realmente al fin para el cual las creamos y que no sean nuevos intentos fallidos.
El caso de la democracia electrónica
Con la aparición en la sociedad de un sector numeroso de personas que desean participar en las decisiones políticas se ha planteado la puesta en marcha de la democracia participativa.
Han aparecido los sistemas de primarias, la elaboración programática, se habla de censos, voto electrónico y presencial…
Es preciso constatar la insuficiencia de las herramientas existentes y la dificultad para desarrollarlas que estriba fundamentalmente en la inexistencia de recursos económicos y la escasa voluntad de facilitarlos por quienes disponen de ellos. No hay desarrollo de herramientas mas fiables porque estas son muy complejas y requieren de trabajo dedicado y altamente profesional imposible de conseguir en base al voluntariado.
En las herramientas existentes se han identificado concretamente los problemas de falta de transparencia e intereses en su gestión por quienes tienen el poder de decisión que hacen poco creibles sus resultados generando desconfianza. Si hay un interés económico o político en obtener un resultado específico y quien administra o gestiona las herramientas tiene interés o participa de ellos fácilmente se presta a manipular usando su privilegiado acceso. No es suficiente que el código sea libre si no hay garantías de quienes lo gestionan. La neutralidad técnica es imprescindible para que los procesos democráticos sean fiables.
Tampoco se ha podido garantizar los censos con casos escandalosos de manipulación por la propia administración pública directamente en la ley (voto rogado) o por las organizaciones que no pueden ser las depositarias del censo en tanto persigan intereses parciales ya que usarán su monopolio para manipularlo si así les conviene.
Y finalmente las garantías personales de que los datos aportados en procesos de democracia electrónica no sean usados a espaldas de las personas que los han confiando o incluso contra ellas si van a parar a manos poco adecuadas o cuando no la falsedad con cuentas inventadas que rompen la unicidad de una sola cuenta por persona para conseguir votos que no existirían.
Podemos concluir que no habrá posibilidad de democracia electrónica fiable si no hay organizaciones sin ánimo de lucro que solo persigan este bien común garantizando la neutralidad técnica, la transparencia de los procesos, la seguridad y el mejor desarrollo de las herramientas y la seguridad e independencia de los sistemas de censo.
Una organización sin ánimo de lucro y con estos objetivos podría iniciar el cambio del actual paradigma en el que difícilmente se producirán cambios que generen confianza y participación en los procesos de inteligencia colectiva y democracia electrónica.
Las bases materiales del bien común y sus organizaciones
¿Como se financia la sanidad pública?, ¿de donde vienen los recursos para la construcción de infraestructuras y comunicaciones?… La respuesta facil e inmediata suele ser “de los presupuestos del estado”… como si estos nacieran por generación espontánea… Pero sabemos que estos a su vez vienen de cada persona u organización que cumpla sus obligaciones con hacienda. Todos los bienes que percibimos como comunes, públicos en el vocabulario habitual, tienen su fuente primaria en cada persona de la sociedad pero no suele ser visto así por la acción del intermediario, el estado, que teniendo interés en persistir y mantener su autonomía evita la percepción de esta relación directa y combate la cultura sobre lo común.
Si construimos organizaciones para el bien común no vamos a cambiar las fuentes del bien común, seguiremos siendo cada persona y las organizaciones quienes contribuyamos a lo común, pero no por ello vamos a seguir organizando y creando el bien común como se hace ahora ya que el intermediario con su intervención introduce sus intereses favoreciendo a una parte específica de la sociedad, generalmente minoritaria, y se favorece a si mismo con lo que llamamos corrupción.
La distinción entre bien público y bien común tiene de interés este particular detalle, lo común requiere participación de todos en tanto en lo público afectando a todos reconoce bienes e intereses privados que nunca se someten a la voluntad popular.
Una organización del bien común tendrá que contar siempre con sus contribuyentes y por ello mismo tendrá que preservar una cierta autonomía para no ser capturada por intereses privados o de parte de la sociedad.. Esta autonomía no es la del estado, capaz de sobrevolar nuestras cabezas y hasta “volarlas” en sentido literal. La autonomía del estado le permite cambiar las reglas e implantar condiciones que solo le convienen a el, algo que hacen todos los intermediarios.
La respuesta la tenemos en el campo privado en el que numerosas organizaciones económicas nos surten de bienes que tienen interés para la sociedad como pueda ser un libro, los alimentos o un bote de champú. Suponemos que cumplen la función, por eso los compramos.
La función implica que el producto tiene unas determinadas características, salubridad, componentes alimenticios, etc. En la iniciativa privada sucede sin embargo algo muy parecido a lo que sucede con el estado, el intermediario, el que gestiona y decide como se crea ese bien introduce su interés privado en el proceso de creación y así puede que nos encontremos con conservantes y hasta productos cancerígenos que han llevado a una intervención pública vía los registros de sanidad y después controles mas elaborados como las denominaciones de origen, los estándares de la WWW y otros sellos de calidad que garantizan unas determinadas cualidades o controles externos de organizaciones de consumidores.
Las leyes no permiten aún eliminar al intermediario público en estos controles de calidad, persistiendo la entrada de intereses privados por la vía de sus despachos, cuando permitan la intervención directa de la ciudadanía tendremos un poderoso control sobre la economía haciendo que esta incorpore en su actividad diaria los valores que haya rechazado la iniciativa privada como la sostenibilidad energética, el residuo cero o los indicadores ya probados de la economía del bien común.
Las organizaciones del bien común incluirán en su funcionamiento estos controles de calidad e indicadores que facilitaran el control directo de la sociedad sobre el bien del que se trate preservando la coherencia que estos de forma aislada no pueden facilitar. De esta forma las organizaciones del Bien Común contarán con autonomía sin que esta les permita introducir intereses de terceros como actualmente hace el estado.
¿Como crear una organización del Bien Común?
Contribuimos al bien público con la recaudación forzada del estado, podemos actuar voluntariamente sin contar con el en todos aquellos campos de la vida social o económica que nos afecten y hacerlo aportando de nuestros valores privados aquello que pueda intervenir en el buen funcionamiento del bien común del que se trate. Los recursos para crear una organización de este tipo provienen de las personas y organizaciones que decidan aportar voluntariamente empoderandose con estos primeros pasos.
El bien del que se trate impone requerimientos ineludibles a sus primeros integrantes. Deben tener conocimientos y experiencia suficientes para crear la infraestructura y referencias mínimas que permitan a la sociedad intervenir para regular la creación, condiciones, uso y gestión del bien común.
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